La omisión legislativa como deficiencia estructural del principio de separación de poderes en Colombia

Un análisis desde la perspectiva constitucional comparada

Resumen

En los sistemas democráticos contemporáneos, la separación de poderes constituye un principio estructural que garantiza el equilibrio institucional y la protección de los derechos fundamentales (Moreno Younes, 2019). En Colombia, este principio está consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política, que establece la distribución funcional entre las ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial (Constitución Política de la República de Colombia, 1991) . Sin embargo, la omisión legislativa, entendida como la inacción del Congreso frente a mandatos constitucionales o necesidades jurídicas impostergables, representa una disfunción que pone en riesgo dicha arquitectura institucional (C-428/09, 2009). Esta inactividad normativa no solo implica el incumplimiento del deber constitucional del legislador, sino que también genera un vacío que suele ser ocupado por otras ramas del poder, particularmente el poder judicial, a través de decisiones que suplen la ausencia normativa para evitar la vulneración de derechos fundamentales (Botero Marino, 2009). Esta situación da lugar a una tensión estructural: ¿hasta qué punto puede el poder judicial intervenir sin afectar el principio de separación de poderes? ¿Y qué límites existen para que la omisión legislativa no se convierta en un patrón que erosione la legitimidad del legislador? El problema se agrava en contextos donde no existen mecanismos eficaces que obliguen al Congreso a legislar dentro de plazos razonables o donde las sentencias exhortativas no se traducen en acciones concretas (Uprimny Yepes & Garcia Villegas, 2006). Así, la omisión legislativa no solo compromete la efectividad de los derechos constitucionales, sino que también cuestiona la eficacia del diseño institucional previsto en la Carta del 91.